Comentario

El periodo que se abre con el nombramiento del nuevo Gobierno y se cierra tras el asesinato de Carrero (20 de diciembre de 1973), supone un cambio en la dinámica política de los años anteriores, y ello por varios motivos: el primero, por el creciente alejamiento de Franco de las decisiones políticas, debido a su estado de salud, y el cada vez mayor protagonismo de Carrero, primero como vicepresidente del Gobierno y a partir de junio de 1973 como presidente del mismo; en segundo lugar, por la creciente parálisis de la acción gubernamental, lastrada por importantes diferencias con respecto al conjunto de la clase política que apoyaba al Régimen; y en tercer lugar, por la ampliación numérica de los actos de la oposición, su cada vez mayor audiencia y, lo que es más significativo, por el cambio cualitativo en su composición.
El llamado Gobierno monocolor, salido de la crisis de 1969, respondía en mayor medida a un cierto ideario político, y no tanto a la procedencia originaria de sus miembros. Pero esto, que podría ser interpretado como un factor positivo en la acción gubernamental, se veía lastrado por una clara división entre la clase política del Régimen que dificultaba, dada la estructura del mismo, la puesta en marcha de sus proyectos. Hay que tener además presente el peso político del propio Carrero, que al identificarse permanentemente con la obra política realizada y con la persona de Franco, paralizaba los intentos de llevar a cabo cualquier modificación por tímida que fuese. Su declaración de principios al respecto no dejaba lugar a dudas: "mi lealtad a su persona (Franco) y a su obra es totalmente clara y limpia, sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna".

Esta aparente paradoja entre la fidelidad al pasado, el deseo de ciertos cambios y la división dentro de la clase política provoca una situación de parálisis, en la que se trata de dilucidar un conflicto interno que monopoliza la acción política y margina la opinión pública, más preocupada por mejorar su nivel de vida que por la actividad política en sí. Durante todo el régimen franquista, la opinión pública fue reemplazada por la adhesión al Caudillo, no teniéndosela en cuenta en la toma de decisiones. Esta situación, propia de toda dictadura, tiene su máximo exponente en estos años, donde se percibe con claridad dicho alejamiento y la creciente interiorización de la acción política.

Carrero, en el terreno político y tras el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor, tenía dos objetivos: por un lado, mantener la unidad de las fuerzas franquistas, lo cual le llevaba inevitablemente a no poder afrontar reformas sustanciales, e implicaba un fracaso político de los aperturistas, que si bien ocupaban los principales ministerios, veían limitada su actividad. Por otro lado, reprimir a la oposición democrática. En este sentido se inscribe la creación del Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno, organismo de naturaleza militar, que tenía como fin informar y neutralizar las actividades de la oposición. No es extraño este comportamiento de Carrero, ya que incluso en estos años seguía pensando que España se encontraba amenazada por los comunistas y la masonería, lo que nos recuerda el discurso oficial del Régimen reiterado en los años cuarenta. Así, en 1972 Carrero afirmaba que "hoy somos víctimas, como todo el mundo libre, de la ofensiva subversiva desencadenada por el comunismo, pero a la vez somos atacados también por la propaganda liberal que la masonería patrocina".

Esta obsesión por el enemigo exterior se complementaba con una visión ultraconservadora de la vida cotidiana. A la altura de 1973, año de su asesinato, al analizar los aspectos negativos de la vida española se refiere a los "bailes y músicas decadentes"; y respecto a la educación, afirma que "se trata de formar hombres, no maricas, y esos melenudos trepidantes que algunas veces se ven no sirven ni con mucho este fin". En suma, tanto por su concepción de la vida como de la política, Carrero es el prototipo del continuista.

Dentro de la clase política del régimen, existían al menos dos grupos que mostraban abiertamente sus diferencias. Por un lado, se encontraban los inmovilistas, que trataban de perfeccionar el régimen, sin perder las señas de identidad derivadas del Estado surgido con el Alzamiento del 18 de Julio de 1936. Dicho sector estaba formado por ex-ministros como José Antonio Girón o Fernández Cuesta, militares (García Rebull, Cano Portal...), hombres de negocios (Oriol y Urquijo...), eclesiásticos (monseñor Guerra Campos...), organizaciones de ex-combatientes (Hermandades Nacionales de Alféreces Provisionales) y numerosos consejeros nacionales y procuradores en Cortes. Su fuerza radicaba en el contacto directo con Franco y en la presencia en las instituciones. Su mayor debilidad se centraba en la escasa audiencia pública que tenían y, sobre todo, en la propia transformación de la sociedad española.

Dicho grupo trataba de mantener vivo el recuerdo de la Guerra Civil y de la división entre los españoles, reivindicando la Victoria. Eran portadores del pasado y como tales trataban de obstaculizar el presente para evitar cualquier reforma que diluyera lo que consideraban las esencias del régimen. Su existencia tuvo como resultado frenar cualquier tipo de reformas y contribuir con ello a la parálisis gubernamental. Son un contrapoder, en los que Franco se apoya para intimidar a los aperturistas. Franco tiene mayor confianza en ellos, ya que comparte su visión de la historia, su propio pasado, está seguro de su fidelidad y sobre todo entiende aquello que defienden.

Existe un segundo grupo, los denominados aperturistas, que si bien se encontraban divididos en torno a diversos políticos (Fraga, López Rodó, Solís...), tenían en común su aspiración de poner en marcha el desarrollo político, que diera paso a una democracia limitada. Sus propuestas se concretaban en el campo económico, donde creían conveniente una mayor liberalización, aunque con una presencia importante del Estado en dicho proceso. A la vez propugnaban una mayor libertad de información y de asociación, así como la apertura de canales de participación.

De lo que se trataba era de llevar a cabo un proceso de cambio limitado y controlado, que evitase los riesgos de la ruptura. Fraga abogaba por un plan de reformas que en una primera fase implicase la aprobación de un Estatuto de asociaciones políticas, la reforma de las leyes electorales, de régimen local y de los reglamentos de las Cortes y del Consejo Nacional. Este grupo no se puede confundir con los futuros reformistas, ya que estos últimos tienen como meta una democracia plena.

La existencia de ambos bandos no impide el hecho de que tengan unos puntos de coincidencia en, al menos, seis cuestiones: 1°) Hostilidad a la democracia parlamentaria; 2º) un rígido concepto del orden público; 3º) una visión de España como bastión del catolicismo; 4º) una adhesión inquebrantable a la figura de Franco; 5º) un convencimiento absoluto de la necesidad de la guerra civil; y 6º) una imagen autoritaria y tradicional de la sociedad.

El programa del nuevo Gobierno de corte aperturista sólo se cumplió en parte, debido a los límites impuestos en la dinámica política por el conflicto interno. Así se puso en marcha una importante reforma educativa con la publicación de la Ley General de Educación (1970), que supuso la reorganización a fondo del sistema y que exigió un notable esfuerzo financiero para lograr la escolarización total en el periodo obligatorio, que fue ampliado en ocho años, desde los seis a los catorce (Educación General Básica).

También fue aprobada la tan controvertida Ley Sindical (16 de febrero de 1971), siendo para el ministro de Relaciones Sindicales como un paso adelante en la línea de perfeccionamiento del Régimen sin que se haya producido la menor solución de continuidad; es más, convirtiendo en realidad aspiraciones vivamente sentidas como aquellas que se contenían ya en la primitiva redacción del Fuero del Trabajo. Desde un punto de vista legal, los cambios introducidos por esta ley no afectaron a los principios de unidad, obligatoriedad y carácter jurídico-político de los sindicatos y la OSE, al quedar asimilado como un Ministerio descafeinado y escaso poder político, se integró plenamente en los proyectos gubernamentales del momento. Cambiaron poco los sindicatos, seguían estableciendo un régimen de autocracia sindical, lejos de potenciar la representatividad de la que tanto hablaban; en realidad no se movieron de su lugar, pero perdieron parte del poder que habían tenido en especial durante la década anterior.

En el campo económico se tomaron medidas para reactivar la economía tras el reflujo de 1967-69, consiguiéndose buenos resultados, aunque con ciertos desequilibrios que se iban a manifestar al llegar a España los primeros efectos de la crisis mundial. En cuanto al exterior, se procedió a un replanteamiento de las relaciones Iglesia-Estado, aunque con nulos resultados; en cambio, se reforzó la vinculación de España con la CEE, firmándose el 29 de junio de 1970 el Acuerdo Preferencial España/CEE que estableció un sistema general de preferencias de doble vía, con vistas a la supresión progresivo de los obstáculos en lo esencial de los intercambios entre España y la Comunidad Económica Europea. En 1973 (29 de enero) se añadió al mismo un Protocolo debido a la ampliación de la Comunidad (Reino Unido, Dinamarca e Irlanda), en el que se establecía que las ventajas del Acuerdo-Preferencial CEE-España no eran aplicables a los tres nuevos Estados comunitarios. Las razones que se esgrimieron para ello no sólo tienen una lectura económica, sino también política, como puso de manifiesto un miembro de la Comisión (Spinelli) al criticar la actitud de las autoridades españolas en el procesamiento de los sindicalistas del Sumario 1.001.

Respecto a las Cortes se procedió a la aprobación de un nuevo Reglamento (15 de noviembre de 1971), que recogía con más detalle los aspectos internos de la Cámara en aspectos tales como los relativos al procedimiento en las comisiones especiales, mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas, previéndose incluso sesiones especiales.

En conjunto las medidas tenían un sentido aperturista, pero se encontraban lastradas por el creciente deterioro del orden público y la incapacidad de la policía de afrontar la nueva situación (Ley de Orden Público de 1971), que estaba sometida a una extensión del conflicto y a la pérdida de la batalla propagandística con sucesos tan señalados como el proceso de Burgos o el sumario 1.001, donde se ponía de manifiesto el carácter represivo del Régimen. El Gobierno tuvo que hacer frente además a la proliferación de huelgas y manifestaciones con una falta de preparación evidente, como se puso de manifiesto en los desgraciados sucesos de Granada, con la muerte de tres manifestantes (21 de julio de 1970) durante la huelga de la construcción.

Por otra parte, el proceso de desarrollo legislativo en relación con el tema de las Asociaciones, uno de los puntos clave del proyecto aperturista, se vio frenado entre otros motivos por la oposición del propio Carrero, que estaba convencido de que "nuestro régimen establece la posibilidad de una constante participación a través de la familia, el municipio, el sindicato, los consejos locales, los provinciales, los congresos sindicales, etc., que es mucha mayor participación que la de votar al candidato de su partido el día de las elecciones generales".

Los problemas internos hicieron conveniente un nuevo cambio en el Gobierno a mediados de 1973; aunque, como reconoce López Rodó en sus Memorias, la preparación de dicho cambio duró prácticamente un año. El nuevo equipo ministerial estaba formado por once nuevos ministros y otros nueve procedentes del Gobierno anterior. A la hora de analizarlo destacan tres hechos: 1°) El nombramiento como presidente del Gobierno de Carrero Blanco, que por primera vez se daba en una persona distinta a Franco (el dato decisivo era la salud del jefe del Estado); 2°) la ascensión de Torcuato Fernández Miranda como vicepresidente, que en opinión de Carrero debía proceder a la gubernamentalización del Movimiento y a la preparación de las bases para la participación institucional de las familias del régimen; y 3°) la aparición de figuras inmovilistas (Utrera Molina, Julio Rodríguez, Ruiz Jarabo...) o provenientes del círculo familiar de Franco (Arias Navarro).

Dicho Gobierno desde el punto de vista político supone un retroceso respecto al anterior, aunque el objetivo de Carrero era tratar de combinar personalidades de los bandos en disputa con el fin de evitar la parálisis gubernamental que había aquejado al equipo precedente. El centro de atención política estuvo de nuevo en el tema del asociacionismo. Durante el mes de marzo, Carrero había solicitado al Consejo Nacional del Movimiento un estudio sobre las posibles medidas a tomar, con el fin de ampliar las vías de participación "de acuerdo con la mentalidad del pueblo español de hoy y dentro de la más rigurosa adecuación a las bases de nuestra democracia orgánica".

El estudio finaliza en el mes de octubre, dando lugar a la presentación en las Cortes de un proyecto de ley general de participación política. En él se planteaban delimitaciones a los conceptos de participación, representación, contraste de pareceres y concurrencia de criterios. También se fijaban los requisitos para ampliar la actividad participativa en los consejos locales y provinciales, en la administración local, en los sindicatos y en los colegios profesionales. Por último, se hacia referencia al tema de los representantes familiares y de las asociaciones políticas. Esta ofensiva institucional se vio frustrada por el asesinato del presidente del Gobierno el 20 de diciembre de 1973.

La preparación y ejecución del atentado que costó la vida a Carrero (Operación Ogro) correspondió a ETA y las insinuaciones realizadas en sentido contrario (Santiago Carrillo, José Luis Vilallonga, Manuel Campo Vidal, Luis Herrero...) no dejan de ser especulaciones políticas o periodísticas. La desaparición de Carrero implicó un mayor aislamiento si cabe de Franco, que se encontraba cada vez más alejado de la realidad del país. Como afirma Tusell, su muerte "hizo desaparecer un obstáculo grave para que la democracia española pudiera convertirse en realidad".